Un nuevo crimen cometido desde una institución del Estado y donde se utilizaron recursos públicos para ello. No sería el primero, tal como lo establecimos en el artículo de la semana pasada. Ahí tenemos el de la OISOE, donde finalmente el expediente que se formalizó dejó un sabor amargo, porque no están todos los que son.
Este hecho del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, nos muestra la realidad de cómo se manejaba la OMSA y como, a pesar de las irregularidades denunciadas, nada se hizo por quienes debieron advertir todo lo que allí se denunciaba y trajo como consecuencia, la muerte de una persona. La pregunta que queda es: ¿Sería la OMSA la única dependencia estatal con ese tipo de manejos ilegales e irregulares?
Es por lo anterior, que cobra con mayor sentido, la denuncia hecha por la dinámica legisladora por el Distrito Nacional, del PRM, la abogada y comunicadora, Faride Raful, cuando planteó la semana pasada sobre la posibilidad, mediante un anteproyecto de ley, que consiste en la Reorganización de la Administración Pública, y plantea la posibilidad de disolver unas cincuenta y siete instituciones, comisiones y organismos que tienen asignaciones y/o transferencias por fondo aproximadamente RD$15,700,000.00, millones de pesos dominicanos, mientras que su impacto social que llega es bajo o tenue. Esta iniciativa lo que busca es reorganizar y mejorar la gestión pública mediante la disolución y traspaso de funciones de muchas de las entidades que forman parte del gobierno central y que carecen de funciones o tienen duplicidad con otras instituciones, provocando con ello dispendios en los gastos corrientes.
Con lo indicado más arriba, se busca además, evitar el clientelismo y que se esté nombrando cantidades de personas que por el solo hecho de ser del partido del gobierno se quieren crear estos espacios para “buscarle” un puesto y espacio, para alguien que no necesariamente trabaja o realiza la labor, pero aún, con esto se carga innecesariamente al Estado. Y más agravante, que las mismas, no realizan la labor para la que se supone se encomienda, más allá, que resaltar la figura política de quien la dirige o nombra.
Entendemos, que viendo todos los ejemplos que hemos expuesto desde la semana pasada, y donde el tema corrupción ha estado presente, como las mencionadas más arriba, pero también, lo sucedido en el CEA y CORDE. Son muestras de que nuestras instituciones, deben ser reencausadas, hacerlas funcionales, y que se reduzcan a la cantidad que sean útiles para la población o colectividad que la necesite, pero sin que sea una carga económica.
No es posible que existan organismos o consejos inservibles, que reciban más fondos que entidades como el Oncológico que lucha contra una enfermedad tan terrible y cuyos afectados requieren de tanta asistencia; o el caso de Acción Callejera, que no recibe fondos estatal a pesar de su gran labor y así hay cientos de casos de aquellas que hacen una labor encomiable a diferencia de otras que son simplemente botellas y malgasto de recursos, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya cantidad de personal en ciertas dependencias es el fruto del clientelismo y el partidismo.
Todo lo anterior, me atrajo la atención de unas declaraciones ofrecidas por una información internacional de la agencia EFE, haciendo referencia a la secretaria general Iberoamericana, la señora, Rebeca Grynspan, hacía un análisis de la funcionabilidad sobre el papel de las instituciones de un Estado hacia las personas, y en la misma establecía, entre otras cosas, lo siguiente: “…insta a las autoridades a escuchar a los ciudadanos y promover su colaboración para conseguir mejoras sociales frente al desafecto mayoritario en la región por las instituciones de gobierno”. “Para consolidar nuestros sistemas democráticos debemos acercar las instituciones a las personas", pues tienen "mucho que ganar cuando suman fuerzas", “Las instituciones que dialogan y trabajan directamente con la ciudadanía no son una utopía, sino "una realidad que estamos construyendo -enfatiza- en los laboratorios iberoamericanos de innovación ciudadana que promueve la Secretaría General Iberoamericana".
“…menos de una tercera parte de los latinoamericanos confían en el Gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial o los partidos”.
"Este déficit de confianza -alerta- socava la cohesión social y pone en tela de juicio el propio contrato que sustenta nuestros sistemas políticos".
“Las instituciones están más acostumbradas a emitir mandatos, que a conversar con la ciudadanía. Saben decir y hacer, pero no tienen una tradición de escuchar y colaborar". “…la "desafección ciudadana", especialmente de los jóvenes, es uno de los principales desafíos de las democracias iberoamericanas. Por eso es necesario un "reaprendizaje institucional". “Así, es posible crear espacios donde las personas trabajen directamente con las autoridades para atender los problemas de las comunidades en un ambiente de cooperación y confianza”.
Viendo lo ya indicado, tanto lo propuesto por la diputada ya indicada como ese parámetro internacional, se hace necesario que este sistema político que hoy padecemos, debe cambiar, porque está agotado y hoy no responde a las demandas de las grandes mayorías. El mismo resulta ser corrupto, desorganizado, clientelar e injusto. Todo lo que hoy vemos en nuestras instituciones son el reflejo palpable de todo esto, estamos siendo dirigidos bajo el mismo esquema político que antes era criticado, pero que cada quien se instala en el poder lo sigue al pie de la letra y es el que se ejecuta en la mayoría de las dependencias estatales.
Este sistema de hoy, ya no responde ni genera confianza entre lo que se llama pueblo a sus más perentorias necesidades. Se hace imperioso un cambio de visión y de aplicación.